Informe sobre la trata de personas en Argentina

HACIA UN PROTOCOLO PARA VICTIMAS DE ABUSOS

Informe sobre la trata de personas en Argentina

Clarín publicó ayer una nota de Sibila Camps sobre la trata de personas en nuestro país. A continuación su texto

Redes de trata: afirman que existen en el país por el apoyo del Estado

Por Sibila Camps

Surge del análisis de las causas por explotación sexual iniciadas en la Argentina entre los años 2008 y 2011.

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Símbolo. El fallo por el caso Marita Verón desató críticas y reavivó el debate sobre la trata en el país. / INFOTO

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Tucuman. Env. Especial - 16/12/12

La trata sexual existe en la Argentina gracias al apoyo del Estado, en especial de las fuerzas de seguridad. Es la principal conclusión de fondo de un informe elaborado por la UFASE, la fiscalía federal especializada en trata de personas, y el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y financiado por la Unión Europea.

El trabajo analizó los primeros 74 autos de procesamiento (con un promedio de 2 a 3 imputados cada uno) desde abril de 2008 –cuando se sancionó la ley 26.364–, hasta abril de 2011, más las causas completas de algunas provincias. el corpus incluyó también 142 noticias publicadas en medios gráficos de alcance nacional entre 2007 y 2010. Hubo además entrevistas con funcionarios y ONGs.

El estudio concluyó que las redes son poco estructuradas, no profesionalizadas, a menudo de carácter familiar, “y sin autonomía organizativa y operacional respecto del Estado, y en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad”. La problemática de la trata sexual “no puede ser entendida por fuera de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial”, dice el informe.

Las víctimas que vinieron del Paraguay, por ejemplo, ingresaron por pasos habilitados y con documentos en regla, lo que evidencia la ausencia de prevención.

Pese a que los prostíbulos están prohibidos por la ley 12.331 de 1937, el 74% de los lugares de explotación relevados eran públicos –whiskerías, pubs–, y por lo tanto expuestos a controles policiales y municipales. Más aún: en muchos casos, las mujeres debían registrarse en la comisaría, tramitar libreta sanitaria en la municipalidad, hacerse controles en el hospital público o en una clínica; pero ninguno de estos sectores fue nunca investigado. Tampoco quienes proveyeron DNI falsos a las víctimas.

Estos “requisitos” persisten en varias provincias y en muchas ciudades. “La ley 9166 de La Rioja habilita los prostíbulos”, señala el titular de la UFASE, Marcelo Colombo. “Hay una regulación permanente de la actividad. Es un mecanismo de participación y de extorsión”, subraya la doctora Sidonie Porterie, directora ejecutiva del Inecip. A menudo fueron encontrados policías, ex policías y ex penitenciarios, incluso trabajando en el burdel, pero sólo uno fue procesado en el período estudiado (este año se procesó a cuatro jefes de seccionales porteñas). Y nunca se tocó a un “cliente”, ni siquiera cuando habían pagado por menores de edad.

Salvo Mar del Plata, el grueso de los procesamientos se dio en ciudades con menos de 70.000 habitantes. Una explicación probable sea la mayor proporción de “privados” en los grandes centros urbanos, sobre los que no hay control oficial. No obstante la UFASE denunció la explotación sexual en al menos 190 “privados” de la Ciudad –en varios de ellos, con indicios de trata–, y la trata en otros 79 casos; pero sólo 6 personas fueron procesadas.

A su vez, los prejuicios sobre las mujeres por parte de las fuerzas de seguridad condicionan las investigaciones, y su idea de quién es víctima es más restringida de lo que dice la ley. A eso se suman los preconceptos de muchos funcionarios judiciales, los interrogatorios defectuosos a las víctimas –que no siguen la guía orientativa elaborada por la UFASE–, y “la mala utilización” de sus testimonios como elementos de prueba. Así, al no ahondar en la situación de vulnerabilidad de las víctimas, se ignoran elementos que permitirían derribar el consentimiento a ser explotadas.

También por esa razón hay menos procesados de los que, según los autores del estudio, debería haber; como también escasas imputaciones de asociación ilícita; nula investigación de otros delitos conexos; y casi ningún concurso de delitos, lo que podría aumentar mucho las penas. Las acusaciones, en mayoría, se concentran en la etapa de explotación, y muy poco en el reclutamiento y traslado. 

Por eso, tampoco fueron procesados choferes de micros de dos empresas conocidas, que hacían paradas no programadas donde las víctimas eran esperadas.

“En el inconsciente colectivo se instaló un preconcepto que tiende a ver la trata sólo cuando hay privación ilegal de la libertad (encierro con candado, no poder hablar por teléfono”, objeta el fiscal. Sin embargo, las formas de sometimiento relevadas son otras: retención de pagos, multas, amenazas y violencia psíquica.

“La dinámica es la connivencia con el sistema prostibulario”, resume Colombo. La prueba está en que en los lugares allanados conviven víctimas de trata y de explotación sexual, y mujeres en situación de prostitución. “Si se ampliara la mirada, se vería que todas las personas que están en los prostíbulos están siendo explotadas”, interpreta la doctora Aldana Romano, del Inecip.